El Estado de ¿bienestar?

El Estado benefactor es un producto de la moda política que promueve el crecimiento del Estado. A partir de la revolución industrial, la gente al movilizarse a las ciudades sentía que perdía estabilidad para planificar su vejez o sus enfermedades; así aparece el Estado Moderno, el cual se ve en la necesidad de tener que proveer a la gente. Con el tiempo, esto ha derivado en un Estado que ya no se ocupa de resolver los problemas inmediatos de las personas sino que se hace cargo de la vida y de la riqueza de todos los ciudadanos (en una especie de auto-responsabilidad asumida). Esto ha calado profundamente en el pensamiento de la gente, en la manera de concebir su vida. Están convencidos de que el Estado tiene que dar las cosas gratis y si hay algún problema, entonces hay que crear un ministerio para resolverlo porque el Estado lo es todo.

Pero con la dinámica de las sociedades, la forma estatal en el siglo XX ha evolucionado en el llamado el Estado Proporcionador (la Suecia de los años 90) que se produce al darse cuenta que la ineficiencia, inherente al Estado, hacía que para producir todo tipo de bienes y servicios, incluidos los de bienestar, se empleaba más recursos y más tiempo que cualquier persona privada o de iniciativa comunal. Por tanto deciden hacer un doble juego: el Estado, proporciona, dejando a los privados que produzcan. Se dictó leyes laborales, comerciales con características rígidas, nacionalizan el agua potable, la luz eléctrica, telecomunicaciones, etc. manteniendo la hegemonía estatal.

Aparece una tercera figura: el Estado Subsidiario. Sus funciones o actividades son las que, por su naturaleza (estrategias, bien común, monto de recursos requeridos), no pueden afrontar las empresas privadas o no es aconsejable que lo hagan; Así el Estado se restringe sólo a controlar las reglas y normas en las cuales la economía se desenvuelve. Esto lo hace bajo el Principio de subsidiariedad: "En caso de que haya bienes y servicios necesarios que el mercado no pueda proveer, deberá hacerlo el Estado". El lado positivo de este principio es que devuelve a las personas (naturales o jurídicas) su responsabilidad ante organismos superiores. El socialista Delors introduce este concepto en la Unión Europea; aunque es algo paradójico, ya que los Estados miembros han conseguido que dicha organización superior actúe solo cuando sea necesario; a pesar de que ellos no lo hacen con sus ciudadanos.

El hecho de que los servicios y productos de bienestar solo los provea y produzca la sociedad suena muy bien. Se solucionaría la ineficiencia, despilfarro y corrupción al cual nos lleva, las dos figuras anteriores; habría menos cargas sociales, aumentaría la competitividad, el tamaño del Estado se reduciría, habría menos impuestos, superaríamos las crisis (cuya causa fundamental es el déficit en la financiación estatal: gastamos más de lo que tenemos o malgastamos). Pero ¿Por qué no está pasando eso? La clave está en la estructura jurídica que, al querer abandonar el socialismo, ha caído en un estatismo camuflado, en un sistema que respeta la propiedad privada de manera aparente. Los anarcocapitalistas niegan este principio; ya que la empresa privada lo produciría todo, incluso seguridad y justicia. Para el liberalismo clásico, el rol subsidiario del Estado es el de un “juez repartidor o árbitro supremo” en seguridad y justicia, pero no en economía y que sería ejercido a partir del poder municipal, al regional y, en última instancia, al nacional; pero no como es ahora.

Vemos que las sociedades están viviendo en nuevas formas de socialismo y mercantilismo, donde quien llega a gobernar (usando la palabrería de derecha o de izquierda) pone al Estado a hacer lo que le da la gana; pagando las cuentas o haciendo favores a "empresas amigas". Los gobiernos no deben privatizar una empresa ni entregándosela a sus amigos (modelo ruso) ni subastándola al mejor postor (modelo europeo) ni debe fijar las estructuras de mercado ni está legitimado para cobrar por bienes que él mismo ha incautado a sus ciudadanos. Se debe devolver las empresas a quienes les fueron expropiadas; si no se puede identificar a los legítimos propietarios, se las reparte entre sus trabajadores y usuarios efectivos o, de manera excepcional, se debe entregar a cada ciudadano una acción de capital de las empresas públicas.

Cada individuo tiene derecho a una porción proporcional de los bienes que se han "socializado" a través de la fuerza estatal. De hecho, que una empresa pase a formar parte del patrimonio de sus trabajadores (y no de esa abstracción demagógica llamada pueblo) no va en contra de un adecuado reparto proporcional; ya que, para la justicia distributiva, se da algo a una persona, en tanto que lo que es propio de la totalidad es gracias a las partes; lo cual, será tanto mayor cuanto esta parte tenga mayor relieve en el todo. Así, los trabajadores, los maestros o los médicos, por ser los efectivos usuarios, tienen mayores derechos sobre el resto para repartirse, proporcionalmente entre ellos, la propiedad de empresas, escuelas y hospitales; anteriormente públicas.

Para llegar a este tipo de Estado, uno de los principales adversarios son los políticos. En el momento que ellos encuentren que ahora administrarán menos recursos, ya no podrán hacer sus negocios personales ni tener el poder que ahora ostentan; porque no pintarán para nada en las decisiones comerciales entre las personas y del cual ellos sacan altas ganancias; haciendo del Estado una agencia de empleos. Por eso, no es casualidad que las propuestas liberales reciban ataques de todo tinte político (derecha, centro e izquierda). Otra cuestión es el debate sobre si realmente existen bienes y servicios, necesarios y útiles, que la empresa privada sea incapaz de proveer. Si esos bienes no existieran, el Estado debería desaparecer.